Mis comentarios ...

  CEMENTERIO Y HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS

 

 

 

 

La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias “pide licencia” a los propietarios de la Ermita de San Antón y de sus terrenos aledaños, “para construir una serie de cañones de enterramientos para sus hermanos cofrades en el cementerio ubicado junto a la Ermita de San Antón. Se requería licencia del arzobispado y del ayuntamiento”. La  Hermandad solicitó las licencias.

          El Ayuntamiento encargó, años después, la elaboración de un informe sobre el asunto a Antonio Antúnez (regidor y farmacéutico), a Rafael Colom (presbítero) y a Vicente González de Quesada (síndico procurador). Informaron de que había que efectuar intervenciones para mejorar el estado del cementerio, para que fuese el lugar común de enterramiento para todo el pueblo. Lo mismo opinó el vicario, como responsable de velar por la propiedad eclesiástica de la ermita y de sus terrenos adyacentes. Los propietarios, es decir, la Iglesia Mayor Parroquial, informaron de su proyecto de construir una cerca que cerrase aquel lugar, para convertirlo en un cerco resguardado, y “a cubierto de toda entrada de animales, y aún de gentes”[1]. Así fue. La primera intervención fue el arreglo de la Ermita, que se encontraba en muy mal estado. De las arcas de la parroquial salieron 30.000 reales, y del prior de ermitas, otros 3.000. Se reparó toda la fábrica de la Ermita.

          Otra intervención consistió en comprar tierras de unos vecinos, estas llegaban hasta la misma ermita, para así levantar una “cerca sólida y durable”. Se igualó el terreno. Se levantaron pilares de “a dos tercias en cuadro y tres varas de separación, en cuyos intermedios se levantarían las tapias de media vara de grueso, fortaleciendo las esquinas”[2].

          Fue cuando se le concedió a la Hermandad de las Angustias “la licencia solicitada, siempre y cuando colocase los cañones contiguos a la misma pared, siendo además a su costo y cargo levantar la parte de pared que ellos ocuparan, dentro del proyecto general trazado”. Al mismo tiempo, la Hermandad tendría que respetar la norma que se estableció para la estructura de los cañones: con pequeña inclinación hacia afuera, entradas pequeñas para poderlas tapar bien. Tan sólo se le autorizaba a formar tres hileras de cañones unos sobre otros, construyéndose sobre el último una azotea, para que el agua corriese para dentro del mismo cementerio. La Hermandad, además, quedaría obligada a hacer uso de los cañones tan sólo para sus hermanos, sin poder arrendar los depósitos ni percibir derecho alguno por los cañones.

          Con todas estas condiciones, se le concedió licencia a la Hermandad “para construir los referidos caños” por parte del alcalde Trapero y el secretario capitular, Manuel López Fajardo. El 16 de marzo de 1821 un decreto del arzobispado, refrendado por el notario mayor, Manuel Montero Espinosa, concedió la referida licencia, debiéndose ajustar a todo lo ordenado.

          Posteriormente, el 27 de noviembre de 1828, se formalizó la escritura de venta de tierras en el Pago de San Antón, otorgadas por los vecinos Manuel Pérez y Juana Serrano, a favor de los claveros del cementerio, para tapiarlo habiéndose hecho la correspondiente medición de tierras[3]. Todo se ejecutó. Los sacerdotes administradores del cementerio, nombrados por la Iglesia Mayor Parroquial, comunicaron al arzobispo de Sevilla el estado de cuentas y las mejoras realizadas y proyectadas.

          Principios de 1851. Era mayordomo de la Hermandad de las Angustias el Presbítero Agustín Castellany, y Manuel Ruiz, su fiscal. Proyectaron mejorar los cañones que la Hermandad tenía en el cementerio para enterramientos de los hermanos de la misma. Todos los cañones estaban cubiertos, mientras que el número de los cofrades ascendía a 2.500, “la mayor parte de las personas más notables y distinguidas de la ciudad, con inclusión de casi todo el clero de la misma”[4].

          Rogaron licencia a los clérigos administradores del cementerio para poder construir más cañones. Vista la apremiante necesidad, permitieron que construyesen nuevos cañones al mismo nivel que la Hermandad había labrado con anterioridad. Los administradores designaron a un “inteligente arquitecto”[5]. El 29 de enero de 1851 el arzobispo concedió licencia para ello, debiéndose ejecutar las obras en los “términos en que se había solicitado”.

          No obstante, los claveros de la Parroquial, encargados del cementerio, volvieron a analizar el decreto. Les habían surgido algunas dificultades. Las expusieron al arzobispo el 17 de octubre de 1851[6]. Informaron de que en 1821 disponían de terreno, razón por la que autorizaron la construcción de 66 cañones, ampliados luego en 33 más. Pero no era esta la situación de aquel momento. Se disponía de terrenos, temiéndose además que la hermandad con tan gran número de cofrades pudiese perjudicar los intereses de aquella institución eclesiástica.

          Alegaron, además, que el visitador general, en visita efectuada a la ciudad en agosto de 1850, había visitado el cementerio. Conocido el proyecto de la Hermandad de las Angustias, ordenó que “en manera alguna se le permitiese, y que a nadie se le diese propiedad de los cañones del cuadrilongo ya edificado, ni permiso para construir de nuevo”[7]. El anterior decreto cardenalicio quedó en suspenso el 23 de febrero de 1852, hasta que hubiese acuerdo entre los claveros y la Hermandad[8].

          Comenzaron las reuniones. Se llegó a un acuerdo el 3 de abril de 1852 con estas cláusulas:

1-    Los encargados del cementerio se comprometían, por sí y por sus sucesores, a proveer de los cañones que necesitase la hermandad  para el enterramiento de sus cofrades, mientras los hubiese desocupados en el cementerio, exigiéndosele a la hermandad por cada cañón la mitad de lo que pagasen los particulares por los suyos.

 

2-    Para dichos enterramientos se señalarían 68 cañones contiguos unos a otros, sin perjuicio de aumentar su número si fuese necesario, pero con la condición de que, si la hermandad ocupase los cañones designados sin dejar ninguno atrás, habría de continuar en el número siguiente al 68, de estar desocupados. De igual manera, el cementerio común podría hacer uso de los cañones asignados a la hermandad, principiando por el número 68 en retroceso, de no estar ocupados y de hacer falta su uso.

 

3-    La hermandad continuaría haciendo uso de los 88 cañones que tenía ya construidos de su cuenta en el cementerio público sin pagar nada por ellos, pero siempre que ocupase alguno de los que no fuesen de su propiedad para enterramiento de sus cofrades, habría de pagar por cada uno 60 reales vellón, mientras que los particulares pagasen 120, como sucedía en aquel momento. En todo momento, de alterarse el precio, la Hermandad tan sólo pagaría la mitad del que estuviese vigente.

 

4-    De ningún cañón, ocupado por un cadáver de algún integrante de la cofradía, se podría hacer uso hasta cumplidos cinco años de su enterramiento; pasados los cuales y dos meses más, los encargados del cementerio tendrían derecho de disponer de aquel cañón para enterrar allí otro cadáver, a no ser que, por la cofradía o por cualquier otra persona interesada, se renovase el arrendamiento por otros cinco años, pagando anticipadamente la cuota de costumbre.

 

5-    Los cofrades de la hermandad que se enterrasen en el cementerio común, según el convenio que se firmaba, serían solamente aquellos que tuviesen derecho a reclamar cañón de la hermandad, con arreglo a sus estatutos.

 

6-    El convenio se habría de someter a la aprobación del cardenal arzobispo de Sevilla, sin la cual sería nulo y de ningún efecto.

 

El cardenal Romo aprobó el convenio, “sin perjuicio de las disposiciones que en lo sucesivo se adoptaren en utilidad de la Iglesia”[9]. Así fue comunicado a las partes por el vicario Fariñas. Curiosamente, en el expediente de todo este proceso, aparecen dos recibos correspondientes a la adquisición de ladrillos usados, para emplearlos en la construcción de cañones en el cementerio. Uno es de 23 de septiembre de 1850, y fue abonado al depositario del Ayuntamiento por Joaquín Acquaroni 40 reales vellón “por 500 ladrillos viejos, procedentes del derribo de la panadería de la puerta de Jerez”; el otro lo es de 9 de noviembre del mismo año. Fueron abonados por Agustín Castellanos, mayordomo de la Hermandad de las Angustias, 200 reales vellón a José Eusebio Ambrosy por 1.250 ladrillos, a 80 reales el millar, y 50 cargas a dos reales la carga. Los ladrillos se habían tomado “del derribo de San Francisco”.

CONCLUSIONES:

1ª.- El Cementerio de San Antonio Abad fue siempre de la exclusiva propiedad de la Iglesia, regido, mientras fue La O parroquia única por los claveros de ella, o por los administradores designados por el prelado.

2ª.- Fue la Iglesia la que en todo momento pagó cuantas mejoras y ampliaciones se realizaron a través de la historia.

3ª.- En los momentos desamortizadores y anticlericales, no se cuestionó la propiedad del cementerio a favor de la Iglesia, sino que se la quiso expropiar de su propiedad.

4ª.- La Iglesia autorizó, como quedó expuesto, a la Hermandad de las Angustias que, en distintos momentos, pudiese construir cañones en los terrenos propiedad de la Iglesia en el cementerio, si bien tales construcciones fueron siempre de la propiedad de dicha Hermandad.

 



[1]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno. Cementerio. Documento de 1820, f. 3.

[2]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno Cementerio. Documentos de 1829, f. 4.

[3]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos Parroquiales; Fábrica: Cementerios, caja 59, documento 4.

[4]  Archivo Diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: Cementerio, documentos de 1851, f 2. .

[5]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: Cementerio, documentos de 1851, f 2.

[6]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: Cementerio, documentos de 1851, f. 6.

[7]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno; Cementerio, documentos de 1851, f. 8.

[8]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: Cementerio, documentos de 1851, ff. 10-11.

[9]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: Cementerio. Documentos de 1851, f. 23.

 


16/08/2015

Desde el 1 hasta el 1 de un total de 1
1